El
inaceptable caso del asesinato de dos menores de 14 y 16 años de edad ocurrido
el domingo pasado en el municipio de San Agustín, en el sur del Huila, tiene un
nuevo capítulo. El militar que estando en servicio disparó su fusil de dotación
contra los adolescentes, fue judicializado y cobijado con detención en
guarnición militar.
La
decisión la tomó ayer un Juez contra Carlos Humberto Mayorga Biojó, de 25 años
de edad, como fue identificado el soldado profesional orgánico del Batallón
Magdalena que en medio de un retén militar accionó su arma de dotación.
Los
hechos que terminaron con el doble crimen, ocurrieron en la vereda El Palmar, a
media hora del casco urbano de la capital arqueológica del Huila, en momentos
en que la Policía y el Ejército desplegaban un operativo para disipar las
aglomeraciones y mitigar la propagación del coronavirus.
La
versión que entregó en Neiva el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es
que el uniformado disparó, luego que los menores salieran en una motocicleta a
alta velocidad para eludir a las autoridades, desatendiendo la orden de pare. Y
se apresuró a decir que el episodio correspondía a una “decisión individual de
un soldado del Ejército Nacional”.
Sin
embargo, el Ministro no explicó qué tuvo en cuenta el militar para accionar su
arma de dotación contra un ‘blanco’ que no representaba ninguna amenaza.
El
desenlace no pudo haber sido más dramático. Producto de las balas disparadas
por el soldado Mayorga Biojó, natural del municipio de Tumaco, Nariño, murieron
los menores Joselino Irua Delgado y Hemerson Alejandro Dussán Puentes, de 14 y
16 años de edad, respectivamente.
Los
adolescentes fueron auxiliados y recibieron atención médica, pero los
proyectiles alcanzaron órganos vitales y fallecieron horas después, uno en el
Hospital de San Agustín y el otro en el Hospital Departamental ‘San Antonio’ de
Pitalito.
Las
investigaciones
Tras
los hechos, que desataron profunda indignación en la región y fuertes críticas
en redes sociales, el CTI de la Fiscalía, con sede en Pitalito, asumió la
investigación del caso.
Los
investigadores, además de la inspección técnica a los cadáveres de los menores,
adelantaron una visita al lugar de los hechos y recolectaron la munición del
arma de fuego accionada por el soldado, un fusil ACE 23.
También
identificaron e individualizaron al uniformado y lo sometieron a la denominada
prueba del guantelete para corroborar los residuos de los disparos.
La
acción de los investigadores del CTI incluyó, así mismo, entrevistas a personal
del Batallón Magdalena y de la población de la región en donde ocurrió el
sangriento episodio.
A
la cárcel
Durante
las audiencias de rigor, un Juez legalizó la captura del soldado Mayorga, a
quien la Fiscalía acusó de “haber disparado de manera indiscriminada contra los
adolescentes civiles que no portaban armas y se encontraban en estado de
indefensión”.
Luego
de los argumentos esbozados por el ente acusador, el togado decidió decretar en
contra del uniformado medida de aseguramiento con detención privativa de la
libertad en guarnición militar.
Ayer
mismo, el soldado Mayorga Biojó fue trasladado al Batallón Magdalena, con sede
en Pitalito, en donde deberá cumplir la medida impuesta.
El
uniformado no aceptó cargos.
Tomado
de La Nación
