Según
las autoridades, el material lo vendía a una red en EE. UU. También realizaba
otro tipo de grabaciones como torturas de animales y es sindicada de homicidio.
Un aberrante caso de pornografía
infantil y otros vejámenes quedó al descubierto tras la captura en el barrio Belén Rincón de Medellín
de una mujer, ciudadana venezolana, de 37 años, señalada de usar a sus hijos de 4, 8 y 13 años para realizar
videos que vendía a una red en Estados Unidos.
Además, también elaboraba otro tipo de grabaciones como torturas de animales hasta
causarles la muerte y es sindicada del homicidio de un ciudadano
extranjero.
El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del
Valle de Aburrá, detalló que la investigación nació en el país norteamericano
tras la captura de una persona que hacía parte de la red de pornografía
infantil.
“A través de esa investigación y un análisis en todas sus redes sociales
logran hacer una trazabilidad y detectar que una de las personas que proveía
estos insumos a estas personas se encontraba en Colombia”, indicó el oficial.
De esta manera, con apoyo de la dirección de la Dijín, la Fiscalía y la
Embajada de Estados Unidos, consiguen dar captura en Medellín a esta mujer,
identificada como Moraima Escarlet Vásquez, sobre quien recae una circular
roja con fines de extradición por los delitos de pornografía infantil, tortura
y homicidio a persona extranjera.
De acuerdo con el coronel, el material que obligaba filmar a sus hijos lo vendía por 400, 600 o hasta 1.000 dólares dependiendo
del pedido que le hicieran los supuestos clientes.
La
Policía restableció los derechos de los tres menores, quienes
quedaron bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF).
Las autoridades indicaron que tras el allanamiento a la vivienda de esta
mujer, continúa la investigación con un análisis de contenido a su computador
con el fin de seguir identificando a quienes participen en esta red
internacional dedicada la producción, comercialización y distribución de videos
en los que se atenta contra niños, adultos e incluso animales.
La mujer se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel, que pagaría
en Estados Unidos.
